Esta Ley establece un marco jurídico para la prevención, educación, vigilancia epidemiológica, investigación, atención y seguimiento de estas enfermedades. Declara la infección por VIH/SIDA como un problema social de urgencia nacional y promueve la protección de los derechos humanos de las personas afectadas. La ley crea el Programa Nacional de Prevención y Control de ITS/VIH/SIDA y una Comisión Multisectorial para coordinar esfuerzos. Además, garantiza la confidencialidad de las pruebas, prohíbe la discriminación y asegura el acceso a tratamientos y servicios de salud para todos los afectados.
